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| Dudas sobre la validez de los amparos que presentaron las pymes |
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Fecha: 2016-08-31 |
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Dos asociaciones que nuclean a Pymes presentaron amparos para evitar la suba en las tarifas de gas. En el Gobierno están esperando la evolución de esos pedidos de cautelares antes de definir su estrategia legal. Por ahora, contemplan dos escenarios: uno más positivo para el Gobierno y otro algo más adverso.
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La Confederación General Empresaria (CGERA) presentó un pedido de amparo, como ya lo había hecho la CAME. Ambos se arrogan la representación de usuarios comerciales. El fallo de la Corte que anuló los aumentos lo hizo para usuarios residenciales, pero los mantuvo vigentes para actividades con fines de lucro.
La decisión de la Corte Suprema apuntó a los hogares. Se aceptó que una asociación de consumidores pidiera representar a todos los clientes residenciales, ya que no poseen capacidad individual para litigar. Se aceptó una "acción de clase", como le llaman en la jerga jurídica, que es la potestad de protestar en nombre de un grupo de personas. Pero con los comercios e industrias sería distinto.
El fallo de la Corte estableció que los comercios e industrias sí tienen capacidad para litigar sobre los aumentos por su cuenta, a diferencia de los usuarios residenciales. En ese sentido, los pedidos de amparos de las cámaras buscando representar a todo un segmento -comercios o industrias- no tendrían validez, según interpretan abogados que asesoran a las empresas del sector.
Para la Corte, si algún supuesto damnificado quiere presentar un amparo, debe hacerlo ante el primer tribunal que tomó el tema. En este caso, sería la Sala II de la Cámara Federal de La Plata. Ese juzgado fue el que dispuso frenar el aumento de gas en todo el país. Cuando el Gobierno apeló, ese caso llegó a la Corte Suprema.
Tanto CGERA como CAME fueron ante el Juzgado Federal Civil y Comercial N°1 del distrito de San Martín, a cargo del juez Oscar Papavero.
Las asociaciones de Pymes reclaman ser convocadas a audiencias públicas, aunque la Corte estableció que ese mecanismo debe aplicarse para la distribución y transporte de las boletas que llegan a usuarios residenciales.
En el Gobierno saben que algunos magistrados están dispuestos a seguir trabando el incremento en los importes de los servicios alentado por Poder Ejecutivo. Pero creen que el aval de la Corte a los aumentos en los segmentos comercial e industrial despeja esa vía.
Si algún juez dicta un amparo, deberá hacerlo teniendo en cuenta el fallo de la Corte. Es probable que el Gobierno espere luego que una Cámara (la siguiente instancia) convalide o rechace alguna cautelar que pueda ser dictada. En ese caso, sí participarían los letrados del Poder Ejecutivo.
La visión de la Corte Suprema es que su sentencia fue clara y no habría lugar para segundas interpretaciones. Pero al Poder Ejecutivo ya lo sorprendieron varios amparos, por lo que no descartan que eso pueda volver a ocurrir.
La jueza Martina Forns, también de San Martín, resolvió en contra del aumento en la luz en todo el país. Sin embargo, la jurisdicción nacional en distribución eléctrica solo alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Por lo tanto, su fallo queda abstracto de aplicación, según entienden en el Gobierno y la industria.
CLARÍN (Buenos Aires, ARG) |
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